A más de dos meses del hallazgo del cuerpo de Érika Antonella Álvarez en un descampado de Manantial Sur, la causa judicial que investiga su muerte transita un tramo donde las certezas conviven con interrogantes todavía no resueltos. La fiscalía a cargo del caso sostiene que el principal acusado, Felipe «El Militar» Sosa, no habría actuado en soledad al momento de cometer el crimen, aunque hasta ahora no logró reunir elementos que permitan confirmar la participación de otras personas en el homicidio directo.
El planteo del fiscal Pedro Gallo quedó formalizado en una de las últimas presentaciones del expediente: «El imputado, con la ayuda de otras personas no identificadas hasta el momento, acabó con la vida de la joven». Esa afirmación, que marca la línea de investigación del Ministerio Público, contrasta con la falta de pruebas concluyentes que permitan establecer la identidad y el rol de eventuales cómplices en la ejecución del crimen.
La última noche de Érika
El recorrido fatal de la víctima está acreditado en el expediente. Érika ingresó durante la madrugada del 7 de enero al domicilio de Sosa, ubicado en Santo Domingo al 1.100 de Yerba Buena. Horas más tarde, murió tras recibir una golpiza de extrema violencia. La autopsia reveló lesiones severas en cráneo, rostro y zona cervical, además de una mandíbula dislocada producto de un golpe. Su cuerpo fue abandonado en un descampado de Manantial Sur, donde apareció al día siguiente.
Cuatro imputados, distintos grados de participación
El expediente cuenta actualmente con cuatro personas detenidas. Sosa, aprehendido en Buenos Aires cuando intentaba abandonar el país, está acusado de femicidio. En tanto, su ex pareja Justina Gordillo, empleada judicial; su amigo Nicolás Navarro Flores; y Jorge Orlando «Chicho» Díaz, empleado de sus empresas, permanecen con prisión preventiva bajo cargos de encubrimiento. Hasta el momento, los investigadores no consiguieron reunir elementos que los vinculen directamente con la ejecución del homicidio.
Fuentes judiciales reconocen que la hipótesis de una participación ampliada podría modificarse con el avance de la causa, aunque también advierten que su formulación actual compromete a quienes hoy están acusados de encubrimiento, al situarlos en un escenario de posible conocimiento previo o intervención indirecta.
Entorno y contexto
El expediente también expuso aspectos del entorno en el que se movía el principal acusado. Durante las últimas audiencias se confirmó que Sosa organizaba encuentros donde se combinaban relaciones sexuales grupales con consumo de drogas. Familiares de la víctima declararon que Érika era convocada a ese tipo de reuniones por su consumo de sustancias. Gordillo, de acuerdo con los testimonios, no sólo conocía esa dinámica, sino que también habría intervenido en la organización de esos encuentros.
Miradas contrapuestas
Las interpretaciones sobre el caso no son unánimes. Carlos Garmendia, abogado de la familia de la víctima, consideró que antes de avanzar sobre nuevas responsabilidades es necesario determinar con precisión el móvil del crimen. El letrado adelantó que impulsarán una presentación en la Justicia Federal para investigar una posible conexión con el narcotráfico.
Desde las defensas, en cambio, insisten en que no existen evidencias de que otras personas hayan estado presentes al momento del homicidio. Juan Pablo Bello, representante de «Chicho» Díaz, sostuvo que la participación de su defendido, al igual que la de los otros imputados por encubrimiento, habría sido posterior al hecho. En la misma línea se pronunciaron los abogados de Navarro Flores, quienes aseguran que la víctima y Sosa estuvieron solos cuando ocurrió el crimen.
Pistas y silencios
El expediente sigue sumando elementos que, lejos de cerrar el caso, abren nuevas líneas. Según declaraciones de Navarro Flores, el cuerpo de la joven permaneció al menos hasta la noche del miércoles en la vivienda de Sosa, oculto en el lavadero. También mencionó la presencia de un «cerrajero» que habría realizado trabajos en ese sector de la casa, aunque no pudo ser identificado.
Ese dato, sumado a los indicios de posibles maniobras para limpiar la escena y deshacerse de pertenencias de la víctima, refuerza la sospecha sobre una red de encubrimiento más amplia de la que inicialmente se había planteado.
Por ahora, la causa se mueve entre lo probado y lo supuesto. Mientras la fiscalía intenta sostener la hipótesis de una participación múltiple, las defensas buscan limitar las responsabilidades al autor material del hecho. En el medio, la investigación sigue acumulando testimonios, contradicciones y silencios que todavía no terminan de encajar en una reconstrucción definitiva.
La pregunta central sigue abierta: si hubo más personas involucradas en el crimen o si el encubrimiento posterior es, en realidad, el único eslabón que conecta a los demás imputados con el femicidio de Érika Antonella Álvarez.
