El sistema de transporte público de Tucumán enfrenta una situación de fuerte tensión financiera y operativa, en medio de un incremento sostenido de costos que impacta directamente en la prestación del servicio. En este contexto, el Gobierno provincial evalúa un anticipo de 2.000 millones de pesos en concepto de futuras compensaciones tarifarias, con el objetivo de sostener el funcionamiento en el corto plazo.
La medida comenzó a delinearse tras una reunión realizada en el Ministerio de Economía, donde funcionarios y empresarios del sector analizaron el impacto del aumento del gasoil. En pocas semanas, el precio del combustible pasó de alrededor de 1.400 a cerca de 2.500 pesos por litro, lo que alteró la estructura de costos de las empresas.
Como consecuencia de este escenario, las prestatarias ya redujeron las frecuencias y advirtieron que podrían adoptar medidas adicionales si no se alcanza un acuerdo que garantice la continuidad del sistema. El aporte provincial, en este marco, aparece como una herramienta transitoria para cubrir parte del incremento en los gastos operativos y evitar una mayor afectación del servicio.
Fuentes vinculadas a las negociaciones señalaron que el desembolso permitiría descomprimir el conflicto en el corto plazo, aunque reconocen que no resuelve los problemas estructurales. En ese sentido, desde el Ejecutivo provincial anticiparon que la discusión de fondo continuará la próxima semana, cuando se retomen las conversaciones para redefinir el esquema vigente.
La asistencia prevista alcanzaría a todas las líneas que operan tanto en la capital como en el interior de la provincia. No obstante, desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sostienen una postura distinta. La intendenta Rossana Chahla ya expresó que no se otorgarán nuevos subsidios sin una revisión integral del sistema. Desde su entorno indicaron que aún no se presentó información clave por parte de las empresas, como detalles sobre costos y recorridos.
En paralelo, la reducción de unidades en circulación ya tiene impacto en los usuarios. Según datos del sector, la flota activa descendió de 377 a aproximadamente 250 colectivos, lo que genera mayores demoras, especialmente en horarios de alta demanda.
El escenario también está atravesado por la situación laboral. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) alertaron que cerca de 3.100 puestos de trabajo podrían verse afectados y denunciaron atrasos en el pago de salarios. De acuerdo con el gremio, los choferes aún no percibieron la totalidad de los haberes de marzo y acumulan una deuda que ronda los 650.000 pesos por trabajador.
En este contexto, la posibilidad de medidas de fuerza se mantiene latente. Si bien el anticipo de fondos podría evitar una interrupción inmediata del servicio, el conflicto de fondo persiste: la sostenibilidad de un sistema que, según coinciden actores del sector público y privado, requiere una reconfiguración integral.
