El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados presentó este lunes 31 de marzo de 2026 un proyecto de ley que propone prohibir de forma expresa la tenencia y el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación en los establecimientos penitenciarios de todo el país. La iniciativa apunta a restringir la posibilidad de que personas privadas de la libertad continúen cometiendo delitos desde el interior de las cárceles.
El proyecto fue impulsado por la diputada Silvana Giudici y cuenta con el acompañamiento de un grupo de legisladores del mismo espacio. La propuesta plantea una modificación de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, con el objetivo de eliminar lo que consideran un vacío normativo en la regulación actual.
El texto establece la prohibición de la “tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio” de dispositivos móviles o inalámbricos. Esto incluye teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles y cualquier otro equipo que permita transmitir voz, datos o acceder a redes de comunicación.
Como excepción, el proyecto contempla el uso de equipamiento informático fijo, siempre que esté autorizado por las autoridades penitenciarias y destinado a actividades educativas, laborales o de reinserción social. En esos casos, el uso deberá realizarse bajo condiciones controladas.
En los fundamentos de la iniciativa, Giudici sostiene que la presencia de estos dispositivos en los penales se ha convertido en una herramienta para la comisión de distintos delitos. Según argumenta, los internos pueden mantener operativas estructuras de crimen organizado, planificar acciones delictivas, acceder de manera irregular a cuentas bancarias o billeteras virtuales, y llevar adelante estafas mediante llamados telefónicos o suplantación de identidad.
La legisladora también recordó antecedentes normativos sobre el tema. En 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se introdujeron modificaciones que prohibían las comunicaciones mediante dispositivos móviles y disponían la instalación de inhibidores de señal en los pabellones. Sin embargo, señaló que en 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la suspensión de visitas, se autorizó el uso de teléfonos en las cárceles, lo que generó cuestionamientos por la falta de controles.
Entre los casos recientes mencionados en los fundamentos, se incluye el del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido a fines de 2025. Según se detalla, la investigación judicial derivó en la detención de varias personas acusadas de extorsionarlo mediante aplicaciones, algunas de las cuales operaban desde establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto lleva la firma de los diputados Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio “Tronco” Figliuolo, Marilú González Estevarena, Patricia Holzman, César Treffinger, Patricia Vázquez, Alejandro Fargosi, Alejandro Bongiovanni, Carlos Zapata, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Giselle Castelnuovo.
La iniciativa deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde será analizada en comisión antes de su eventual tratamiento en el recinto.
