El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán abrió este miércoles 15 de abril su primer período de sesiones del año con una definición clave en su estructura de gobierno: la designación de Cristina Grunauer de Falú como vicerrectora subrogante. La decisión fue adoptada por amplia mayoría, con 25 votos a favor y 2 en contra.
La nueva autoridad, actual decana de la Facultad de Derecho, ocupará un rol estratégico dentro del organigrama institucional, ya que la figura del vicerrector subrogante está habilitada para reemplazar tanto al rector como al vicerrector en caso de ausencia simultánea.
Cambio en la conducción y resultado político
La votación implicó también un reordenamiento interno de fuerzas. Grunauer de Falú se impuso sobre la candidatura de Miguel Cabrera, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, quien se desempeñaba hasta ahora en ese cargo.
El resultado significó un cambio en una posición relevante dentro de la conducción universitaria y, al mismo tiempo, una señal en el escenario político interno, donde Cabrera es identificado como uno de los referentes del espacio opositor.
La sesión fue encabezada por la vicerrectora Mercedes Leal, quien asumió la conducción ante la ausencia del rector Sergio Pagani, actualmente en el exterior por compromisos académicos.
Un trasfondo marcado por el calendario electoral
La definición del cargo se produjo en un contexto atravesado por el proceso electoral que la universidad tiene previsto para mayo. En ese marco, Cabrera y su compañera de fórmula, Virginia Abdala, vienen impulsando presentaciones ante la Justicia y la Junta Electoral en relación con una eventual candidatura de Pagani.
Los planteos se basan en la interpretación del nuevo Estatuto aprobado en 2024, que establece límites a la reelección. Desde ese sector consideran que esas restricciones deberían alcanzar al actual rector, quien previamente ocupó el cargo de vicerrector antes de asumir la conducción de la casa de estudios.
Desde el oficialismo universitario, en cambio, sostienen que el mandato vigente no debería ser alcanzado por la nueva normativa, ya que fue iniciado bajo el estatuto anterior. En ese sentido, entienden que una eventual postulación sería válida. La resolución de este debate podría derivar en definiciones administrativas o judiciales.
Agenda formal y funcionamiento institucional
Pese al contexto de tensión, tanto Cabrera como Leal coincidieron en que la cuestión electoral no formó parte de la agenda formal de la sesión. El decano de Exactas señaló que “la asamblea ya se ha expresado y hay un estatuto vigente”, mientras que la vicerrectora indicó que el cuerpo se abocó a temas operativos.
Entre ellos, se destacó la elaboración del proyecto de presupuesto que será elevado al Ministerio de Capital Humano. Según lo expuesto por Cabrera, en su rol al frente de la comisión de Hacienda, el cálculo asciende a $212.000 millones.
De ese total, cerca del 90% se destinaría al pago de salarios, mientras que el 10% restante cubriría gastos de funcionamiento. El decano advirtió que será necesario ampliar los recursos para garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas y administrativas.
Definiciones administrativas y conflicto salarial
Durante la reunión también se avanzó en la conformación de comisiones, la asignación de partidas para Asunt y la organización del calendario institucional. Se estableció que el Consejo Superior sesionará los segundos y cuartos martes de cada mes a las 17 horas, con próxima convocatoria fijada para el 28 de abril.
Otro de los ejes abordados fue la situación salarial del sistema universitario. Leal confirmó que la UNT adherirá a las medidas de fuerza convocadas a nivel nacional por docentes y no docentes.
“Estamos haciendo un esfuerzo para visibilizar la importancia de la universidad pública”, expresó la vicerrectora en relación con la jornada de protesta.
Un escenario abierto
La primera sesión del año dejó así no solo la designación de una figura clave en la conducción universitaria, sino también un panorama atravesado por tensiones políticas y debates institucionales que se proyectan hacia el proceso electoral.
En ese marco, el funcionamiento del Consejo Superior y las decisiones que adopte en los próximos meses estarán condicionados por un escenario donde la disputa por la conducción de la universidad comienza a ganar centralidad.
