El Gobierno nacional resolvió este miércoles 1 de abril declarar como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) e incorporarlo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente y rige de manera inmediata.
Según el comunicado oficial, la medida se sustenta en investigaciones judiciales y reportes de inteligencia que atribuyen a esta estructura militar iraní responsabilidad directa en los dos atentados más graves ocurridos en territorio argentino. Se trata del ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, perpetrado el 17 de marzo de 1992, que dejó 29 muertos y más de 200 heridos, y del atentado contra la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 lesionados.
De acuerdo con la información difundida, ambos ataques habrían sido planificados y ejecutados con intervención de altos funcionarios del régimen iraní y operativos vinculados a la Guardia Revolucionaria, a través de la organización Hezbollah. En ese marco, la Justicia argentina mantiene vigentes alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes señalados en la causa, entre ellos Ahmad Vahidi, ex ministro de Defensa de Irán y actual jefe del CGRI.
La decisión fue elaborada de manera conjunta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, que analizaron informes sobre presuntas actividades ilícitas de alcance internacional atribuidas a la organización, con implicancias en el país.
La inclusión del CGRI en el RePET permitirá al Estado argentino aplicar medidas de carácter financiero y restricciones operativas destinadas a limitar eventuales acciones de la organización en el territorio nacional, así como prevenir el uso del sistema financiero local para actividades vinculadas al financiamiento del terrorismo.
El presidente Javier Milei afirmó que la medida busca dar respuesta a una deuda pendiente con las víctimas de los atentados y reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Además, enmarcó la decisión en la política de alineamiento internacional adoptada por la actual administración.
