La diputada nacional Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza) sufrió este martes 31 de marzo de 2026 un nuevo revés judicial en la causa iniciada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, a raíz de publicaciones en redes sociales consideradas agraviantes. El juez en lo Civil y Comercial de la Capital de la V Nominación, Pedro Daniel Cagna, rechazó el pedido de la legisladora para suspender los efectos de la sentencia que le ordena eliminar esos contenidos.
Con esta decisión, el magistrado ratificó la vigencia de la medida autosatisfactiva dictada previamente, que obliga a la diputada a borrar de forma inmediata las publicaciones cuestionadas. La defensa de Molinuevo había solicitado la suspensión provisoria de esa orden mientras se tramita la apelación, además de plantear la incompetencia del fuero provincial por tratarse de una diputada nacional.
En su resolución, Cagna sostuvo que el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán establece que las decisiones adoptadas en el marco de tutelas autosatisfactivas pueden ser apeladas, pero sin efecto suspensivo. En ese sentido, remarcó que la norma es clara y no admite interpretaciones que alteren su aplicación.
El juez también señaló que la ejecución inmediata de este tipo de medidas forma parte del diseño legal de los mecanismos urgentes, y que admitir lo contrario implicaría desnaturalizar su finalidad. Sobre esa base, rechazó el recurso de revocatoria presentado por la defensa de la legisladora y concedió la apelación en forma subsidiaria, por lo que el caso será revisado por una instancia superior.
Desde la representación legal del gobernador, la abogada Paula Morales Soria advirtió que la diputada debe cumplir con la orden judicial y eliminar los contenidos cuestionados. En caso contrario, señaló, podría incurrir en desobediencia judicial.
Mientras tanto, el conflicto sumó un nuevo capítulo en el ámbito federal. El pasado 26 de marzo, Molinuevo presentó una demanda en tribunales federales con el objetivo de que se declare la incompetencia de la Justicia provincial y que el expediente sea trasladado a ese fuero.
El origen de la controversia se vincula a un hecho ocurrido en la localidad de La Madrid, donde el diputado provincial Federico Pelli (LLA) fue agredido físicamente por Marcelo “Pichón” Segura, un empleado de la comuna rural de Los Ralos, quien permanece detenido con prisión preventiva.
Tras ese episodio, el gobernador Jaldo promovió una acción judicial el 13 de marzo contra la diputada por publicaciones en redes sociales en las que, según su planteo, se lo vinculaba con la agresión y se le atribuían conductas delictivas. La demanda incluyó el pedido de eliminación de los contenidos y una solicitud de disculpas públicas.
El 15 de marzo, el juez Cagna hizo lugar parcialmente a ese planteo al ordenar el retiro de las publicaciones y la abstención de reiterar afirmaciones similares, aunque no avanzó en ese momento con la exigencia de disculpas.
En ese marco, la abogada del mandatario sostuvo que la acción judicial no busca limitar la libertad de expresión, sino resguardar el honor del gobernador frente a imputaciones sin sustento.
