El Gobierno argentino dispuso la expulsión del máximo representante diplomático de Irán en el país, en el marco de una escalada de tensión que se profundizó en las últimas horas. La Cancillería declaró “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le otorgó un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional.
La decisión fue comunicada oficialmente por el canciller Pablo Quirno y respaldada por el presidente Javier Milei. Según se indicó, la medida se fundamenta en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que habilita a los Estados a retirar la acreditación de representantes extranjeros sin necesidad de exponer las razones.
El episodio se desencadenó tras un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que cuestionó con dureza la reciente decisión argentina de incorporar a la Guardia Revolucionaria Islámica a su lista de organizaciones terroristas. Desde Teherán calificaron esa determinación como ilegítima y la interpretaron como un agravio hacia su población.
En ese mismo comunicado, las autoridades iraníes atribuyeron la postura argentina a una supuesta influencia externa, señalando a Estados Unidos y a Israel. Además, vincularon esa decisión con el actual escenario de conflicto en Medio Oriente y acusaron a las autoridades argentinas de alinearse con posiciones que consideran hostiles.
La respuesta de la Cancillería argentina fue inmediata. En el documento difundido este jueves, el Gobierno rechazó las declaraciones iraníes, a las que calificó como ofensivas e inaceptables, y sostuvo que constituyen una intromisión en asuntos internos del país. Asimismo, señaló que las decisiones adoptadas se ajustan al derecho internacional y a la legislación vigente.
En el mismo texto, la Argentina retomó uno de los ejes históricos de la relación bilateral: la causa por el atentado contra la AMIA de 1994. Allí se cuestionó la falta de cooperación por parte de Irán en la investigación judicial y se recordó la existencia de pedidos internacionales de detención que, según el Gobierno, no han sido cumplidos.
La Cancillería también consideró especialmente grave que personas con requerimientos judiciales pendientes ocupen cargos dentro de la Guardia Revolucionaria, organización que recientemente fue incluida en el listado de entidades terroristas por parte de la Argentina.
El comunicado oficial concluyó con una señal de endurecimiento de la posición diplomática, al advertir que el país no aceptará agravios ni acciones que considere contrarias a sus intereses o a sus compromisos internacionales.
El conflicto actual tiene como punto de partida la decisión argentina de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria, medida que el Gobierno fundamentó en antecedentes vinculados a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Esa resolución generó la reacción de Irán y derivó en la ruptura del clima diplomático.
El escenario internacional agrega complejidad al vínculo. La tensión se produce en paralelo a un contexto de conflicto en Medio Oriente que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, países con los que la administración de Javier Milei ha manifestado afinidad política.
Con la expulsión del diplomático iraní, la relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más críticos en años recientes, con posiciones cada vez más distantes y un conflicto que ya se trasladó del plano discursivo al ámbito diplomático.
