El diputado nacional por Tucumán de la Unión Cívica Radical (UCR), Mariano Campero, rechazó las acusaciones que lo vinculan con la obtención de créditos hipotecarios presuntamente otorgados en condiciones favorables por el Banco Nación. A través de un descargo público, el legislador calificó los señalamientos como “maliciosos” y negó haber recibido beneficios indebidos.
La controversia surgió en las últimas horas, luego de que legisladores opositores impulsaran un pedido de investigación sobre la concesión de préstamos a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo. La información se difundió a partir de una plataforma digital que recopila datos sobre deudas financieras de figuras públicas en base a registros del Banco Central.
En su respuesta, Campero sostuvo que el crédito que obtuvo corresponde a una línea hipotecaria en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), disponible para cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos. En ese sentido, indicó que los datos vinculados al préstamo —incluyendo la entidad otorgante y la documentación— son de carácter público y pueden ser verificados.
El diputado también cuestionó que este tipo de operaciones sean interpretadas como privilegios. Según explicó, se trata de una herramienta de financiamiento destinada al acceso a la vivienda, con plazos de pago extensos y condiciones similares a las de otros créditos hipotecarios. En esa línea, consideró que equiparar estos préstamos con beneficios políticos implica una interpretación errónea del funcionamiento del sistema financiero.
Campero detalló que el crédito fue otorgado en mayo del año pasado por un monto de 275 millones de pesos, lo que le permitió adquirir su primera vivienda familiar en Yerba Buena. Asimismo, precisó que, debido a la actualización por inflación propia del sistema UVA, el monto actual de la deuda asciende a 322 millones de pesos.
Otro de los puntos que destacó fue el proceso de otorgamiento del crédito. Según explicó, la tramitación de este tipo de financiamiento demanda varios meses e incluye etapas como la presentación de documentación, evaluaciones crediticias y tasaciones. En ese marco, afirmó que la aprobación del préstamo no guarda relación con coyunturas legislativas o decisiones políticas.
En el tramo final de su descargo, el legislador dirigió cuestionamientos hacia sectores del peronismo, a los que acusó de promover la polémica y de difundir información vinculada a su patrimonio. Si bien remarcó la importancia de la transparencia en la función pública, expresó reparos sobre la forma en que se divulgaron esos datos.
En paralelo, el Banco Nación emitió un comunicado en el que aseguró que los créditos se otorgan bajo criterios uniformes y sin excepciones. No obstante, trascendió que desde 2024 existe una línea diferenciada destinada a empleados y funcionarios públicos, con condiciones distintas a las disponibles para el resto de los clientes.
Además de Campero, otros funcionarios fueron mencionados en las denuncias difundidas en las últimas horas. Entre ellos figuran el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira; el director de YPF, Emiliano José Mongilardi; y los diputados Alejandro Bongiovanni y Lorena Villaverde. Hasta el momento, ninguno de ellos había realizado declaraciones públicas sobre el tema.
La situación continúa en desarrollo y se enmarca en un debate más amplio sobre el acceso al crédito por parte de funcionarios públicos y las condiciones en que estos son otorgados por entidades estatales.
