La administración de Javier Milei remitió este viernes 27 de marzo de 2026 al Congreso un proyecto de ley que propone eliminar del ordenamiento jurídico una serie de normas que el Ejecutivo considera sin vigencia práctica, superadas o incompatibles con el marco constitucional.
La iniciativa, denominada “Ley Hojarasca”, forma parte del programa oficial orientado a reducir regulaciones, simplificar estructuras administrativas y revisar el alcance del Estado.
Una depuración del sistema legal
El proyecto plantea una revisión integral de leyes vigentes con el objetivo de depurar el digesto jurídico. Según los fundamentos, se busca identificar disposiciones que hayan quedado desplazadas por normativa posterior, que respondan a contextos productivos o tecnológicos ya superados, o que estén vinculadas a organismos que dejaron de existir.
También se incluyen normas que, de acuerdo con la evaluación oficial, carecen de aplicación concreta o nunca llegaron a implementarse.
Ejemplos de normas bajo revisión
Entre las disposiciones señaladas por el Ejecutivo se encuentran regulaciones de distintas épocas, desde leyes del siglo XIX hasta normas vinculadas a tecnologías hoy obsoletas, como sistemas de microfilmación o aspectos técnicos de la televisión analógica.
Asimismo, el proyecto abarca regulaciones administrativas asociadas a estructuras estatales ya disueltas y otras que, según el Gobierno, establecen restricciones sobre ámbitos de la vida privada o expresiones culturales consideradas incompatibles con el sistema actual.
Un punto particular mencionado en la iniciativa es una normativa que contempla la internación obligatoria de personas con lepra, cuestionada por el oficialismo en función de criterios sanitarios y de derechos que considera desactualizados.
Un antecedente sin tratamiento
El envío del proyecto retoma una propuesta presentada por el Poder Ejecutivo en 2024, que también apuntaba a eliminar legislación considerada obsoleta. En aquella oportunidad, el texto no avanzó en su tratamiento parlamentario y perdió estado legislativo sin llegar a ser debatido en comisión.
La nueva iniciativa amplía el alcance de aquella propuesta y refuerza el argumento de que la acumulación normativa genera complejidad y dificulta la interacción entre los ciudadanos y el Estado.
El marco de la reforma estatal
Desde el Gobierno encuadran el proyecto dentro de una estrategia más amplia de transformación institucional. La propuesta apunta a reducir la carga regulatoria y a redefinir el rol del derecho como herramienta orientada a garantizar libertades, en lugar de establecer restricciones.
El proyecto iniciará ahora su recorrido legislativo, donde deberá ser analizado en comisiones antes de llegar al recinto. El oficialismo buscará sumar apoyos para avanzar con la iniciativa en un Congreso donde no cuenta con mayoría propia.
