La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes dejar sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones en el marco del juicio por la expropiación de YPF en 2012. El fallo representa un giro determinante en uno de los litigios más relevantes que enfrentó el país en tribunales extranjeros.
El tribunal concluyó que los reclamos presentados por los accionistas carecen de sustento jurídico y que no son admisibles bajo el derecho argentino, lo que implicó la revocación total de la condena dictada en primera instancia.
Un fallo que redefine el escenario judicial
La resolución fue adoptada por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, quienes analizaron los planteos vinculados a supuestos incumplimientos contractuales tanto por parte del Estado argentino como de la empresa YPF.
En ese sentido, la Cámara determinó que las demandas no pueden prosperar y ratificó, además, la decisión previa que había desvinculado a la petrolera de cualquier responsabilidad en el caso. De este modo, YPF queda definitivamente fuera del litigio.
La decisión también impacta sobre las causas conexas que permanecían en suspenso a la espera de este pronunciamiento, las cuales quedarían archivadas tras el fallo.
Impacto en los mercados y en el plano político
La resolución judicial tuvo repercusiones inmediatas en el ámbito financiero. Las acciones de Burford Capital, firma que financió la demanda tras adquirir los derechos de litigio, registraron una fuerte caída superior al 40% durante la jornada.
En contraposición, los papeles de YPF mostraron una suba cercana al 3% en la rueda bursátil, reflejando la reacción positiva del mercado ante el desenlace del caso.
En el plano político, el presidente Javier Milei calificó la decisión como “histórica” y afirmó que el resultado implica que el país no deberá afrontar ningún pago. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la estrategia oficial durante el proceso y valoró el trabajo del equipo legal.
La estrategia jurídica y el recorrido del caso
La defensa del Estado argentino estuvo a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, con la conducción de Sebastián Amerio y la participación del subprocurador Juan Stampalija.
El litigio se extendió durante más de una década y atravesó cuatro administraciones presidenciales. En ese período, el país enfrentó la posibilidad de una de las condenas más elevadas en tribunales internacionales.
El tribunal de apelaciones tenía tres alternativas al momento de resolver: confirmar la sentencia de primera instancia, ordenar una revisión parcial o anular completamente el fallo. Finalmente, optó por esta última opción, la más favorable para la Argentina.
Un escenario abierto a nuevas instancias
Si bien la decisión representa un revés significativo para los demandantes, aún existe la posibilidad de que el fondo Burford Capital intente nuevas apelaciones dentro del sistema judicial estadounidense.
No obstante, la resolución de la Cámara de Apelaciones redefine el caso y deja sin efecto la sentencia que había puesto a la Argentina frente a una eventual obligación de pago multimillonaria.
