Un grupo de diputados nacionales de distintos bloques opositores presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone modificar de manera integral el régimen de licencias por parentalidad vigente en Argentina. La iniciativa apunta a actualizar una normativa cuya base se remonta a 1974, con el objetivo de ampliar derechos y adecuar el sistema a las dinámicas familiares y laborales actuales.
El texto es impulsado por la diputada Vanesa Siley, del bloque Unión por la Patria, y plantea como uno de sus ejes centrales la ampliación de la licencia para el progenitor no gestante. Actualmente limitada a dos días corridos, la propuesta eleva ese período a 30 días, con una implementación progresiva: durante los primeros dos años se otorgarían 20 días, hasta alcanzar el esquema completo.
Además, el proyecto incorpora una licencia parental compartida de 20 días corridos, que podrá ser distribuida entre ambos progenitores durante el primer año de vida del niño. La medida busca incentivar una mayor participación conjunta en las tareas de cuidado desde las primeras etapas.
En relación con los procesos de adopción, la iniciativa contempla una licencia de 30 días corridos para quienes adopten, a partir de la notificación judicial de la guarda. También se prevén extensiones específicas en casos de nacimientos múltiples, partos prematuros o situaciones de salud complejas en los recién nacidos, sumando cinco días adicionales.
Uno de los puntos destacados es la inclusión de trabajadores monotributistas y autónomos dentro del sistema de licencias. Para estos sectores, históricamente excluidos de este tipo de beneficios, se propone el acceso a una asignación económica equivalente al salario mínimo, vital y móvil durante el período de licencia, siempre que cumplan condiciones como una antigüedad mínima de 18 meses y regularidad fiscal.
El proyecto también introduce cambios en el esquema de financiamiento. Mientras que en la actualidad las licencias por paternidad son cubiertas por los empleadores, la propuesta establece que el conjunto de las licencias parentales pase a ser financiado por el sistema de seguridad social. Según los fundamentos, esto permitiría evitar cargas adicionales para las empresas y garantizar una mayor equidad en el acceso.
Desde el punto de vista conceptual, la iniciativa busca dejar atrás un enfoque centrado exclusivamente en la maternidad y avanzar hacia un modelo de corresponsabilidad parental. Los legisladores sostienen que el régimen vigente resulta insuficiente y que contribuye a sostener desigualdades en el ámbito laboral, especialmente en perjuicio de las mujeres.
El proyecto cuenta con el respaldo de referentes de diversos espacios políticos, entre ellos Nicolás Massot, Mónica Frade, Esteban Paulón, Karina Banfi, Sergio Palazzo, Kelly Olmos, Mario Manrique, Maximiliano Ferraro y Marina Salzmann.
Como parte de su implementación, la propuesta prevé la elaboración de informes periódicos al Congreso para monitorear su aplicación y evaluar su impacto. El objetivo general, según se detalla en el texto, es avanzar hacia un sistema más inclusivo que reconozca el cuidado como una responsabilidad compartida y mejore las condiciones en la primera infancia.
