La investigación por la agresión al diputado nacional Federico Pelli sumó un nuevo capítulo judicial y escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir qué fuero tiene competencia para intervenir en el caso. La controversia se originó luego de que la Justicia provincial rechazara el pedido de traslado del expediente al ámbito federal.
La decisión fue adoptada este jueves 19 de marzo de 2026 por el juez Raúl Robín Márquez, integrante del Colegio de Jueces de Concepción, quien resolvió mantener la causa en la órbita de la Justicia ordinaria de Tucumán. El magistrado se alineó con el criterio del Ministerio Público Fiscal, que investiga el hecho bajo la figura de “lesiones graves agravadas por alevosía”.
En la causa hay un único imputado: Marcelo Segura, conocido como “Pichón”, quien permanece detenido en el penal de Benjamín Paz con prisión preventiva por cuatro meses.
El planteo para trasladar el expediente había sido impulsado desde el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, con el respaldo del fiscal federal general. Entre los argumentos se señaló que el hecho ocurrió sobre la ruta nacional 157, que la víctima es un legislador nacional y se invocaron criterios como la “mejor administración de justicia” y el principio de non bis in idem.
Sin embargo, el juez Robín Márquez desestimó esos fundamentos al considerar que no se acreditó una afectación concreta a intereses federales ni a la circulación interjurisdiccional. En su resolución, también cuestionó el uso autónomo del criterio de “mejor administración de justicia” como fundamento para modificar la competencia, en una postura que refuerza la jurisdicción provincial.
El debate por el fuero también expuso posiciones diferentes dentro del espacio de La Libertad Avanza. Mientras el dirigente Lisandro Catalán había solicitado que la causa pase al ámbito federal, la defensa de Pelli respaldó que el caso continúe en la Justicia local, al considerar que la intervención federal debe ser excepcional.
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 11 de marzo en la ciudad de La Madrid, en el sur tucumano, en el marco de un operativo de asistencia tras las inundaciones que afectaron a la zona. Según consta en la investigación, el diputado fue interceptado sobre la ruta 157 y, tras un intercambio verbal, recibió un golpe en la cabeza que le provocó fractura de nariz y politraumatismos.
El acusado, un empleado público, fue detenido horas después del hecho. Desde sectores de la oposición se lo vinculó políticamente con el ministro del Interior de la provincia, Darío Monteros.
Con la disputa de competencia ya planteada, será ahora la Corte Suprema la que deberá resolver qué fuero continuará con la investigación, en un caso que, con el paso de los días, fue adquiriendo mayor relevancia política e institucional.
