El presidente Javier Milei reafirmó este jueves el rechazo del Gobierno argentino al desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y volvió a cuestionar las actividades impulsadas por empresas extranjeras en una zona bajo disputa de soberanía con el Reino Unido.
La postura oficial ratifica lo expresado previamente por la Cancillería a fines de 2025, cuando se advirtió que la iniciativa constituía un acto unilateral con posibles consecuencias irreversibles. El emprendimiento es llevado adelante por la firma británica Rockhopper Exploration y la compañía israelí Navitas Petroleum.
El yacimiento se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino y presenta un significativo potencial de producción. Las estimaciones iniciales indican la posibilidad de extraer unos 500 millones de barriles de petróleo, aunque cálculos del sector privado elevan esa cifra hasta los 1.700 millones de barriles, lo que ubicaría al proyecto entre los de mayor escala en la región.
Desde el Gobierno argentino se sostiene que cualquier avance en la exploración o explotación de recursos naturales en áreas en disputa vulnera las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia del conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. En ese marco, se recordó que dichos instrumentos internacionales instan a ambas partes a evitar decisiones unilaterales mientras no se alcance una solución negociada.
La Cancillería ya había manifestado su rechazo a todas las acciones vinculadas al desarrollo del proyecto, incluyendo la implementación de normativas locales y la contratación de servicios necesarios para su puesta en marcha. Según la posición oficial, estas actividades resultan incompatibles con la legislación argentina, que prohíbe operar en la plataforma continental sin autorización del Estado nacional.
En ese sentido, se recordó que tanto Rockhopper Exploration como Navitas Petroleum fueron objeto de sanciones previas por parte de la Argentina. La primera fue declarada en situación irregular y suspendida por un período de 20 años en decisiones adoptadas durante la década pasada, mientras que la segunda recibió medidas similares en 2022 por operar sin habilitación.
El Gobierno también advirtió que cualquier actor que intervenga en estos desarrollos —ya sea de manera directa o indirecta— podría enfrentar consecuencias legales. Entre ellas se contemplan restricciones para operar, sanciones administrativas e incluso acciones judiciales tanto en el ámbito local como internacional.
La ratificación de esta postura se produjo en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En ese contexto, la administración nacional reiteró sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y anticipó que continuará adoptando medidas en línea con el derecho internacional para sostener su reclamo.
