El Gobierno nacional resolvió postergar nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que impacta directamente en el precio final de la nafta y el gasoil. La decisión fue oficializada este miércoles 1 de abril mediante el Decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que los nuevos valores comenzarán a regir a partir del 1° de mayo.
La norma extiende el esquema de suspensión vigente y modifica lo dispuesto anteriormente en el Decreto 617/2025. En lugar de limitar la postergación al mes de marzo, el Ejecutivo amplió el período hasta el 30 de abril, lo que implica que el ajuste previsto para este mes se traslada al siguiente.
Desde el oficialismo explicaron que la medida responde a la necesidad de moderar el impacto en los precios al consumidor en un contexto internacional adverso. Según indicaron fuentes gubernamentales, la suba del precio del barril de petróleo —vinculada a la escalada del conflicto en Medio Oriente— generó presiones adicionales sobre los valores en el mercado local, lo que motivó la decisión de evitar un nuevo incremento en abril.
En marzo, los precios de los combustibles ya mostraron subas significativas. En la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper acumuló un aumento del 15% durante ese mes, en línea con la evolución del crudo a nivel global. Estos ajustes se suman a una dinámica de incrementos periódicos aplicada por las petroleras desde comienzos de año, en un escenario de flexibilización gradual de los precios en surtidor.
La postergación de la actualización impositiva se inscribe en una política que el Gobierno viene aplicando desde 2025. Durante ese período, se dictaron sucesivos decretos para diferir los aumentos trimestrales de estos tributos, los cuales se calculan en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC. De acuerdo con estimaciones de la consultora Economía y Energía, estas decisiones implicaron una merma en la recaudación fiscal de aproximadamente 2.326 millones de dólares.
En la estructura del precio de los combustibles, el Impuesto a los Combustibles Líquidos representa el 15,83% del valor final por litro, mientras que el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono equivale al 0,97%. En conjunto con otros gravámenes de carácter provincial y municipal, la carga impositiva supera un tercio del precio en los surtidores.
La distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos contempla distintos destinos: una porción se asigna al Tesoro Nacional, mientras que otros porcentajes se dirigen al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), al Sistema Único de Seguridad Social, a las provincias y a diversos fideicomisos vinculados a infraestructura y transporte. Parte de estos fondos fueron eliminados por la actual administración.
El decreto también incorpora cambios en la composición de los combustibles. En ese sentido, habilita a las empresas petroleras a incrementar el uso de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, superando el límite previo del 5,6%. Además, se mantienen los esquemas diferenciales para el gasoil destinado a regiones específicas, como las provincias patagónicas, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.
Con esta nueva prórroga, el Gobierno busca ganar tiempo frente a la volatilidad internacional y evitar un traslado inmediato de costos al consumidor, en un contexto de presión sobre los precios energéticos.
