El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, afirmó este lunes 31 de marzo de 2026 que la decisión judicial de archivar de manera definitiva la causa que involucraba a municipios de Tucumán, Salta y Catamarca ratifica que no existieron irregularidades en las operaciones investigadas. El funcionario remarcó que la resolución confirma la inexistencia de delitos y defendió la actuación de los funcionarios alcanzados por la investigación.
En declaraciones a la prensa, Monteros explicó que el expediente, iniciado a partir de reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y promovido por la PROCELAC, fue cerrado luego de que el fiscal Rafael Vehils Ruiz y el juez Guillermo Díaz Martínez evaluaran la documentación presentada. Según indicó, se comprobó que las operaciones eran legales, contaban con trazabilidad y estaban respaldadas por registros administrativos.
El ministro detalló que durante el proceso se aportaron todos los elementos requeridos por la Justicia, tanto por parte de los municipios como de las entidades bancarias y el propio Gobierno provincial. Asimismo, señaló que la investigación incluyó el análisis patrimonial de los funcionarios involucrados, lo que derivó en la decisión final de desestimar la causa.
Al referirse al impacto de este tipo de procesos, Monteros sostuvo que quienes ocupan cargos públicos están expuestos de manera permanente a investigaciones. En ese marco, consideró que se trata de una dinámica propia de la actividad política, aunque reconoció que estas situaciones también tienen consecuencias en el plano personal y familiar.
En relación con los cuestionamientos que habían motivado la investigación, el funcionario rechazó que existiera desorden administrativo y explicó que las operaciones observadas corresponden a prácticas habituales en el funcionamiento de los municipios del interior. Según precisó, se trata de pagos o servicios que, en algunos casos, no cuentan con facturación formal, pero que se documentan mediante comprobantes internos y atraviesan los mecanismos de control correspondientes.
Además, destacó que las rendiciones de cuentas fueron aprobadas por los concejos deliberantes de cada jurisdicción, lo que —según sostuvo— constituyó un elemento considerado por la Justicia al momento de evaluar la causa.
Consultado sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra quienes impulsaron o difundieron las denuncias, Monteros descartó avanzar en ese sentido. En cambio, planteó la necesidad de una reflexión por parte de algunos sectores del periodismo y de la oposición respecto del tratamiento de este tipo de situaciones.
El funcionario reiteró que la causa quedó cerrada sin imputaciones y subrayó que la transparencia en la gestión fue determinante para el desenlace judicial. “No hubo ningún tipo de delito”, afirmó, al referirse a la resolución que puso fin al expediente.
