El escenario político provincial registró en los últimos días un aumento de acciones legales impulsadas por funcionarios y dirigentes contra periodistas. Dos casos concentraron la atención: la carta documento que el ministro del Interior, Darío Monteros, envió al comunicador Enzo Ferreira, y la denuncia pública de persecución judicial que el periodista Germán García Hamilton realizó contra el diputado nacional Carlos Cisneros. Ambos episodios reavivaron el debate sobre los límites entre la crítica política y el ejercicio del periodismo.
Las acciones legales se suman a un contexto de creciente confrontación entre sectores del oficialismo provincial y medios de comunicación, en un año electoral que potencia las tensiones.
El caso de Enzo Ferreira y la carta documento de Monteros
El periodista y licenciado en Ciencias Políticas Enzo Ferreira, actual coordinador de Radio Nacional Tucumán y ex candidato suplente a diputado nacional por La Libertad Avanza en 2025, informó que recibió una notificación judicial del ministro Darío Monteros. La carta documento llegó luego de que Ferreira difundiera un video en el que formula una serie de cuestionamientos vinculados a la gestión del funcionario.
En el material audiovisual, Ferreira aludió a una presunta investigación por un desfalco de 17 mil millones de pesos en el municipio de Banda del Río Salí, que Monteros condujo antes de asumir su cargo provincial. También mencionó publicaciones en estados de WhatsApp atribuidas al ministro que, según su interpretación, tendrían relación con la agresión que sufrió el diputado Federico Pelli días atrás en La Madrid —hecho en el que fue señalado un empleado de Monteros, identificado como “Pichón” Segura—.
Además, el periodista cuestionó la estructura administrativa del Ministerio del Interior al señalar la presunta designación de 135 asesores con rango jerárquico, lo que implicaría —según su planteo— un elevado costo anual para las arcas provinciales. También hizo referencia a los fondos destinados al plan “prelluvia”, respecto de los cuales sostuvo que no se habrían ejecutado obras suficientes, a partir de los anegamientos registrados tras las recientes lluvias.
Tras la difusión del contenido, Monteros respondió mediante una carta documento en la que rechaza las afirmaciones del periodista y las califica como falsas. Ferreira hizo pública la situación a través de sus redes sociales, donde mostró la notificación y defendió su derecho a la libertad de expresión.
García Hamilton contra Cisneros: “Grotesca persecución judicial”
En paralelo, el periodista Germán García Hamilton, del portal “El Federalista”, denunció públicamente que enfrenta acciones legales impulsadas por el diputado nacional Carlos Cisneros. A través de publicaciones en la red social X, el comunicador calificó la situación como una “grotesca persecución judicial”.
“El diputado nacional Carlos Cisneros y sus laderos han iniciado una grotesca persecución judicial en mi contra y otros periodistas. Sabemos que es una lucha desigual pero vamos a ir hasta el final”, expresó.
En otro tramo de sus publicaciones, García Hamilton sostuvo: “Sabemos que tiene un ejército de abogados a su servicio para evitar cualquier difusión de sus cuestionadas estrategias y desmanejos”. Además, afirmó que el dirigente “ha optado por perseguir a quienes difunden” información en su contra, en lugar de refutar las denuncias por vías institucionales.
El periodista también remarcó su postura frente al conflicto: “Vamos a ir hasta el final. No nos va a amedrentar”, escribió, al tiempo que aseguró haber publicado documentación que —según indicó— comprometería al parlamentario.
Un contexto de creciente judicialización
Los episodios se suman a otros antecedentes recientes, como la carta documento enviada a la diputada nacional Soledad Molinuevo en relación con el mismo caso vinculado a la agresión de Pelli y Segura. El uso reiterado de herramientas legales contra comunicadores instala un debate de fondo sobre los límites del poder político frente al ejercicio del periodismo y el riesgo de que estas prácticas terminen afectando el normal desarrollo de la libertad de expresión.
Los casos de Ferreira y García Hamilton, si bien con distintos protagonistas y motivaciones, confluyen en una misma tendencia: la judicialización de la crítica política y la utilización de mecanismos legales como respuesta a las coberturas o comentarios adversos. Mientras los periodistas afectados denuncian intentos de amedrentamiento, los funcionarios involucrados defienden su derecho a replicar lo que consideran acusaciones infundadas.
La definición de estos conflictos —algunos ya en sede judicial— podría sentar precedentes sobre cómo se dirimen en Tucumán las tensiones entre la libertad de prensa y la protección del honor de los funcionarios públicos.
