La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal en la Justicia federal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación apunta a dos procesos específicos: una licitación millonaria vinculada a servicios de comunicación y la concesión del predio de Tecnópolis.
El escrito solicita la apertura de una investigación judicial y la realización de medidas de prueba que permitan determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y empresas en los hechos señalados.
Uno de los ejes de la denuncia se centra en una contratación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios, que habría adjudicado a la firma ATX S.A. un servicio por más de $3.650 millones destinado al envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas automatizadas. Según la presentación, existirían posibles vínculos societarios entre las empresas participantes —ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría comprometer los principios de competencia y transparencia en el proceso.
Además, el documento advierte sobre diferencias de precios en licitaciones de características similares y la reiteración de firmas vinculadas en distintos concursos, elementos que, de corroborarse, podrían configurar un esquema de simulación de competencia en perjuicio del Estado.
El segundo punto de la denuncia pone el foco en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende de la Jefatura de Gabinete. El valor estimado de esa operación supera los $183.300 millones.
En este apartado, la presentación menciona un posible conflicto de interés a partir de la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas vinculadas al proceso de adjudicación, entre ellas Grupo Foggia, asociada a una de las firmas preseleccionadas junto a DirecTV Argentina.
La denuncia también detalla presuntas conexiones comerciales entre distintas compañías que mantienen vínculos contractuales con el Estado, lo que, según el planteo, podría ser incompatible con el ejercicio de funciones públicas.
De acuerdo con la presentación judicial, los hechos podrían encuadrarse en figuras penales como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Hasta el momento, no se registraron declaraciones oficiales por parte de los funcionarios mencionados ni de las empresas señaladas en la denuncia.
