La Justicia federal investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025. El expediente se activó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y, en las últimas horas, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas para profundizar el análisis del patrimonio del funcionario y su entorno familiar.
El foco principal de la investigación está puesto en la compra de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, valuado en USD 230.000. La operación fue formalizada en noviembre de 2025 y quedó registrada días después en el Registro de la Propiedad Inmueble. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, el inmueble había pertenecido previamente al exfutbolista Hugo Alberto Morales y fue adquirido por Adorni a dos mujeres que, además de vender la propiedad, financiaron la mayor parte del pago.
Según consta en los registros oficiales, las vendedoras —Beatriz Viegas y Claudia Sbabo— otorgaron un crédito hipotecario por USD 200.000, equivalente al 87% del valor total de la operación. El préstamo fue dividido en partes iguales entre ambas y quedó formalmente asentado en la escritura, lo que constituye uno de los elementos bajo análisis en el expediente judicial.
En paralelo, también se incorporó a la investigación la adquisición de otra propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Si bien ese inmueble figura a nombre de Julieta Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, los investigadores buscan determinar si existe algún vínculo patrimonial que deba ser declarado. En ese contexto, se advirtió que en la última declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción no se consignaron determinados movimientos patrimoniales, entre ellos la eventual venta de una vivienda en Parque Chacabuco ni la titularidad de activos vinculados al country.
Frente a estas inconsistencias, el fiscal Pollicita pidió al juez Ariel Lijo la producción de diversas medidas de prueba. Entre ellas, requirió informes a registros de la propiedad, organismos de control vehicular y entidades bancarias con el objetivo de relevar posibles bienes no declarados, tanto del funcionario como de su cónyuge. Desde la fiscalía sostuvieron que existen elementos suficientes para avanzar en la recolección de información que permita reconstruir la evolución patrimonial.
La causa se originó a partir de una presentación de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre un incremento significativo en el patrimonio del funcionario. En su denuncia, señaló diferencias entre las declaraciones juradas presentadas en distintos períodos, incluyendo la omisión de activos financieros, depósitos en el exterior por montos superiores a $16.000.000 y la incorporación de USD 24.500 en efectivo, cuya procedencia fue atribuida a préstamos familiares.
En relación con la operación inmobiliaria en Caballito, los investigadores buscan establecer el origen de los fondos y las condiciones del financiamiento, así como eventuales vínculos entre las partes intervinientes. A su vez, en el caso del country Indio Cuá, se analiza información interna que indicaría que las expensas del lote adquirido comenzaron a figurar a nombre de la esposa del funcionario, lo que podría sugerir una relación posesoria o dominial no reflejada en los registros públicos.
Por el momento, el juez Ariel Lijo no adoptó una decisión sobre las medidas solicitadas por la fiscalía. Se espera que en las próximas semanas se incorporen nuevos elementos al expediente, que permitan determinar si existieron omisiones en las declaraciones patrimoniales o si los fondos utilizados en las operaciones pueden ser debidamente justificados.
