La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. La decisión, firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, desestimó la apelación del Gobierno nacional y confirmó lo resuelto en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick.
El fallo ordena el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que disponen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En su resolución, los camaristas rechazaron los argumentos presentados por el Estado, que había cuestionado la cautelar al considerarla una “sentencia definitiva encubierta”. Según el tribunal, esos planteos carecen de sustento y no logran demostrar una afectación relevante al interés público. En ese sentido, remarcaron que la medida tiene un impacto fiscal limitado y pusieron el foco en la protección de un derecho fundamental: el acceso a la educación superior pública.
La medida cautelar original había sido dictada por el juez Cormick en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el acompañamiento de más de 40 universidades. En esa resolución, el magistrado cuestionó el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido la aplicación de la ley, al considerar que presentaba indicios de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. También señaló la existencia de un incumplimiento claro de obligaciones legales que impactaban en el funcionamiento del sistema universitario.
Desde el Poder Ejecutivo, la apelación se había sustentado en la necesidad de definir previamente las fuentes de financiamiento de la norma y su inclusión en el Presupuesto nacional, una atribución que, según argumentó, corresponde al Congreso. Asimismo, advirtió sobre posibles efectos en el equilibrio fiscal, un punto que finalmente fue descartado por la Cámara.
El conflicto por el financiamiento universitario se intensificó durante 2024 y 2025, con movilizaciones masivas en todo el país. Entre ellas, se destacó la Marcha Federal Universitaria de octubre de 2024 y una nueva convocatoria el 17 de septiembre de 2025, impulsada tras el veto presidencial a la ley ya aprobada por el Congreso.
En ese contexto, la norma había sido sancionada por el Parlamento y posteriormente ratificada frente a los vetos del Ejecutivo, aunque su aplicación quedó suspendida por decreto. Actualmente, según fuentes oficiales, el Gobierno trabaja en la búsqueda de acuerdos políticos para impulsar una nueva legislación que reformule el esquema de financiamiento, con el objetivo de garantizar recursos y estabilidad para el sistema universitario.
