Irán avanza con una iniciativa que podría alterar el equilibrio del comercio energético global. La Comisión de Seguridad Nacional dio este mes su aval a un proyecto de ley que propone implementar peajes en el estrecho de Ormuz y restringir el tránsito de buques vinculados a Estados Unidos e Israel, en un contexto de creciente tensión regional.
La iniciativa, que todavía debe ser tratada por el Parlamento y revisada por el Consejo de los Guardianes, apunta a transformar uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo en una fuente de ingresos para Teherán. El estrecho de Ormuz, ubicado en la salida del Golfo Pérsico, concentra alrededor del 20% del comercio internacional de petróleo, lo que lo convierte en un punto clave para el abastecimiento energético global.
De acuerdo con el proyecto aprobado en comisión, el esquema de cobro podría estructurarse a través de una tarifa fija por embarcación —que alcanzaría hasta los dos millones de dólares— o mediante un sistema proporcional al volumen transportado, en línea con modelos aplicados en otras rutas internacionales como el Canal de Suez.
El texto también prevé la creación de un fondo destinado al desarrollo regional, financiado con los ingresos generados por estos peajes. Ese fondo tendría como objetivo cubrir gastos vinculados a la seguridad marítima, servicios de navegación y cuestiones ambientales.
Según estimaciones oficiales del gobierno iraní, la implementación del sistema podría generar ingresos cercanos a los 100.000 millones de dólares anuales, una cifra superior a la recaudación actual por exportaciones de petróleo del país.
El proyecto se inscribe en un escenario de conflicto en la región, iniciado el pasado 28 de febrero, que ya impacta en la circulación de embarcaciones. En ese marco, Irán mantiene restricciones para el tránsito de países considerados adversarios, mientras permite el paso de naciones aliadas.
Los efectos sobre el flujo marítimo ya son visibles. Antes del inicio de las hostilidades, el estrecho registraba un tránsito promedio de 150 buques diarios. En la actualidad, esa dinámica se redujo de manera significativa, con niveles de circulación que ahora se contabilizan en períodos mensuales. De avanzar la legislación, el control sobre la vía se intensificaría, incorporando además un componente económico al esquema de restricciones vigente.
