El Gobierno nacional pondrá en marcha la elaboración de un nuevo Código Penal, según confirmó este miércoles el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, luego de mantener un encuentro con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. La iniciativa apunta a actualizar la legislación vigente en función de los cambios en las modalidades delictivas y las demandas actuales en materia de seguridad.
El anuncio fue realizado por el funcionario a través de sus redes sociales, donde también detalló que el proceso combinará una reforma integral con modificaciones parciales que se trabajarán junto al Congreso.
Reformas en paralelo: proyecto integral y cambios inmediatos
De acuerdo con lo informado, mientras se avanza en la redacción de un nuevo cuerpo normativo completo, el Ejecutivo impulsará una serie de ajustes puntuales sobre la legislación actual. Entre los ejes principales se encuentran la revisión de las escalas penales, el endurecimiento de las penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas.
El objetivo de este esquema dual es permitir que algunas modificaciones puedan aplicarse en el corto plazo, sin esperar la sanción de un nuevo código en su totalidad.
Nuevas figuras y agravamiento de delitos
Dentro de los cambios en análisis, se contempla la tipificación o el endurecimiento de sanciones para distintas conductas. Entre ellas figuran las estafas piramidales, las denominadas “viudas negras”, las salideras y entraderas, los robos cometidos por motochorros, el daño animal, la tenencia de armas dentro de establecimientos penitenciarios y las picadas ilegales.
También se incluirán delitos vinculados a cuestiones migratorias y se buscará otorgar mayor centralidad a las víctimas dentro del sistema penal.
En paralelo, el Gobierno evalúa aumentar las penas para el incumplimiento de obligaciones alimentarias, la actividad de cuidacoches informales (“trapitos”) y los delitos de grooming y abuso sexual infantil.
Articulación con el Congreso
El ministro Mahiques indicó que el desarrollo de estas iniciativas se realizará en coordinación con el Poder Legislativo. La intención oficial es avanzar en consensos que permitan introducir modificaciones de manera progresiva, mientras se elabora el nuevo Código Penal.
La propuesta se inscribe en una agenda orientada a modernizar el marco normativo penal y a responder a problemáticas vinculadas con la seguridad pública.
