La Legislatura de Tucumán comenzó a debatir una iniciativa que propone avanzar hacia una regulación nacional del acceso de menores a plataformas digitales. El proyecto plantea que niños y adolescentes no puedan registrarse en redes sociales antes de los 16 años y solicita al Congreso de la Nación que impulse una normativa en ese sentido.
La propuesta fue presentada por la legisladora Carolina Vargas Aignasse y se enmarca en una discusión creciente sobre el impacto del entorno digital en las nuevas generaciones.
Argumentos centrados en la protección de menores
El texto fundamenta la iniciativa en los riesgos asociados al uso intensivo de redes sociales en edades tempranas. Entre los problemas señalados se incluyen situaciones de ciberacoso, violencia digital, exposición a contenidos inapropiados, así como delitos como el grooming y la explotación sexual.
También se advierte sobre efectos menos visibles pero igualmente relevantes, como el impacto en la autoestima y la salud emocional. Según el proyecto, la interacción constante en entornos digitales puede generar presión social, ansiedad y dificultades en la construcción de la identidad.
Referencias a experiencias internacionales
La iniciativa toma como antecedente regulaciones implementadas en otros países. Australia estableció límites legales al acceso de menores a redes sociales, mientras que España avanzó en la exigencia de mecanismos de verificación de edad por parte de las plataformas.
En Francia, la normativa contempla la necesidad de contar con autorización parental para usuarios menores de 15 años. Estos ejemplos son citados como modelos a considerar en el debate local.
Un pedido dirigido al Congreso nacional
A diferencia de otras propuestas, el proyecto no busca establecer una regulación provincial directa. En cambio, propone que los legisladores nacionales por Tucumán evalúen la elaboración de una ley que fije criterios uniformes para todo el país.
El objetivo es promover una política de alcance nacional que aborde el uso de redes sociales en menores desde una perspectiva integral.
Enfoque preventivo del proyecto
Los impulsores de la iniciativa remarcan que la propuesta no tiene un carácter restrictivo en términos de censura, sino que apunta a la prevención. La elección de los 16 años como límite responde a la idea de que, a esa edad, los adolescentes cuentan con mayor capacidad para comprender los riesgos del entorno digital.
El planteo también destaca la importancia de fortalecer los vínculos sociales fuera del ámbito virtual y de evitar que la validación personal dependa exclusivamente de la interacción en plataformas.
Un debate que se extiende en el país
El tratamiento del proyecto en Tucumán se suma a discusiones similares que comenzaron a desarrollarse en otras jurisdicciones, como Mendoza y la provincia de Buenos Aires.
Con su ingreso formal a la Legislatura, la iniciativa abre la posibilidad de que el tema sea abordado institucionalmente y forme parte de la agenda legislativa a nivel nacional.
