El Concejo Deliberante de Yerba Buena fue escenario este viernes de un grave episodio que terminó con una denuncia judicial entre dos concejales del mismo signo político. La edil Gabriela Garolera presentó una denuncia formal bajo la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres contra su par Walter Gabriel «Kabuby» Aráoz, ambos del Partido Justicialista, acusándolo de violencia política, institucional y psicológica. Aráoz es un edil cercano al ministro del Interior provincial, Darío Monteros.
El hecho ocurrió cerca del mediodía durante una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Según consta en la presentación a la que tuvo acceso este medio, Garolera relató que Aráoz ingresó al recinto y comenzó a increparla con «malos tratos e intimidaciones» en un intento por frenar una iniciativa legislativa de su autoría.
El proyecto que desató la tensión
La raíz del conflicto es un proyecto de ordenanza presentado por Garolera que exige exámenes toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios municipales de Yerba Buena. Según la denuncia, Aráoz habría optado por la agresión verbal como método para silenciar la iniciativa, en lugar de debatirla en los ámbitos institucionales correspondientes.
«Utilizó la agresión y la intimidación para intentar amedrentarme y frenar mi labor legislativa», detalló la edil, quien además remarcó que este no es un hecho aislado. Como prueba, ofreció registros fílmicos de otro episodio violento protagonizado por el mismo concejal en septiembre de 2025.
La versión de otras fuentes
Sin embargo, otras fuentes del propio Concejo Deliberante brindaron una versión diferente de lo ocurrido. Según indicaron, no existieron agresiones por parte del edil señalado, y sostuvieron que la situación se desarrolló en términos distintos a los relatados en la denuncia. Incluso, afirmaron que habría sido la propia denunciante quien protagonizó un intercambio acalorado con otros concejales que no acompañaban su propuesta.
Pedido de medidas urgentes
La situación adquiere especial gravedad porque el próximo jueves el cuerpo deliberativo debe sesionar. Ante el «profundo temor y angustia» que manifiesta la concejala, solicitó a la autoridad interviniente medidas de protección urgentes, que incluyen:
- Prohibición de acercamiento a su domicilio y a su despacho en el Concejo Deliberante.
- Cese de todo acto de perturbación o intimidación directa o indirecta.
- Custodia y seguridad específica para la sesión del próximo jueves, a fin de garantizar que pueda ejercer su función pública sin agresiones.
Violencia política y desigualdad de poder
En su presentación, Garolera enfatiza que el accionar de Aráoz configura violencia política, al buscar restringir su participación en condiciones de igualdad. «El actuar del denunciado refleja una relación desigual de poder y un desprecio hacia la autonomía de la mujer en espacios de decisión», sostiene el documento.
La denuncia solicita que se cite como testigos a los demás concejales presentes en la reunión para que ratifiquen lo ocurrido.
Un antecedente que agrava el caso
El episodio no es el primero que involucra a Aráoz. La concejala ofreció como prueba registros fílmicos de un incidente similar ocurrido en septiembre de 2025, lo que, a su criterio, demuestra un patrón de conducta que se repite en el tiempo. Ese antecedente podría ser considerado por la Justicia al evaluar la gravedad de los hechos denunciados.
